Despacho de abogados en Fuenlabrada (Madrid)

A pocos días de que se cumpla el plazo máximo de duración de los ERTES por fuerza mayor (30 de junio de 2020) muchas son las dudas y posibilidades que se le plantean a empresas y trabajadores sobre lo que ocurrirá después o de como ha de actuarse una vez “desaparezca” dicha figura.

En primer lugar se ha de matizar que la duración máxima establecida para los ERTES por fuerza mayor, esto es, el 30 de junio de 2020 es una fecha que puede ser modificada, y por tanto ampliada, si así se decide por el gobierno lo cual implicaría la ampliación de los efectos hasta mas allá del día 30 de junio.

Si ello ocurriera los trabajadores que estén afectados y a los que sus empresas no hayan reincorporado, total o parcialmente, seguirían con sus contratos suspendidos y devengando el derecho a percibir la prestación por desempleo sin que ello suponga perdida de periodos de percepción previamente acumulados. Es decir, un trabajador que percibe prestación o tenga derecho a percibir prestación por estar en un ERTE por fuerza mayor no consumiría ni un solo día de aquellos que tenía acumulados con carácter previo a la suspensión de su contrato por el ERTE de fuerza mayor.

Ahora bien, llegada la fecha máxima de duración del ERTE por fuerza mayor, ya fuera el 30 de junio o posterior, la empresa deberá reincorporar a los trabajadores a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenían antes de producirse la situación extraordinaria. En este punto uno de los aspectos más importantes y que más dudas está generando es ¿pueden despedirme cuando me reincorpore?. En relación con lo anterior ya ha sido ampliamente publicado y comentado que las empresas no podrían despedir al trabajador que ha estado en ERTE durante los seis meses siguientes a dicha reincorporación (siempre y cuando el despido no sea considerado procedente) ahora bien, hay que puntualizar que esos seis meses no se contabilizarían desde la reincorporación del trabajador individual sino desde el inicio de la actividad de la empresa, esto es, desde que se inicia la reincorporación de los trabajadores. De esta forma el computo empezará desde el día en el que la empresa reincorpore a su primer trabajador.

En el supuesto de que, no habiendo transcurrido los seis meses, la empresa procediera a despedir a los trabajadores, y siempre que la causa del despido no se procedente, su despido sería considerado improcedente y por ende habría que acudir a los tribunales en reclamación de los derechos de dicho trabajador.

Otra pregunta o circunstancia que puede surgir es ¿y si mi empresa cierra estando en ERTE o nada más reincorporarnos?, en este caso como en el anterior habría que acudir a los tribunales a fin de aclarar la verdadera causa de dicho cierre y reclamar, en su caso, la indemnización que le correspondiera a los trabajadores afectados.

Lo cierto es que la situación actual es bastante confusa y nadie puede saber como va a evolucionar el mercado laboral. Es lógico llegar a pensar  que muchas empresas, finalizado el plazo de los ERTES por fuerza mayor, no puedan afrontar la reincorporación de todos sus trabajadores. Por ello se prevé que con carácter previo a la finalización del plazo de duración máximo de los ERTES por fuerza mayor, y con el fin de evitar cierres o despidos procedentes, las empresas puedan comenzar a negociar con los representantes de los trabajadores, o directamente con los trabajadores en los supuestos de no existir comité de empresa, la tramitación de ERTES por causas organizativas, productivas o económicas, lo que se conoce como ERTE ETOP.

¿Qué suponen estos nuevos ERTES denominados ETOP?

En relación a su tramitación sería prácticamente igual ERTE: comunicación a los trabajadores, periodo de consultas, acta final del periodo de consultas con o sin acuerdo y, en el caso de acuerdo, tramitación ante la administración.

Ahora bien en lo que respecta al trabajador si podrían darse variaciones importantes sobre todo relacionadas con:

          .- La prestación por desempleo.

          .- La  duración máxima del ERTE ETOP.

          .- La aplicación o no a este ERTE ETOP de la medida de protección del empleo durante los 6 meses siguientes a la reincorporación.

En principio la duración de dichos ERTES ETOP podría tener una duración superior a los ERTES por fuerza mayor y siempre en función del mantenimiento o desaparición de la causa objetiva que lo provoca y, llegado el momento de la reincorporación, en principio y ante la falta de concreción del Real Decreto, el empresario podría despedir al trabajador sin que exista o se aplique el plazo de los seis meses de protección del empleo.

Respecto de está ultima consecuencia, la posible inexistencia de la obligación de proteger el empleo durante los seis meses siguientes a la reincorporación, aunque el Real Decreto solo habla de dicha protección en los ERTES por fuerza mayor, nosotros entendemos que podría llegar a aplicarse también a los ERTES ETOP pero, en todo caso, serán los tribunales los que, finalmente, maticen dicha cuestión.

En lo referente a la prestación por desempleo los trabajadores afectados por un ERTE ETOP (igual que en el caso de fuerza mayor) tendrán derecho a percibir la  prestación de desempleo, aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Eso sí, se requerirá que el inicio de la relación laboral haya sido anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020.

El procedimiento de reconocimiento de la prestación por desempleo se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante el SPPE, actuando en representación de todas ellas. Esto significa que los trabajadores no tienen que hacer ningún trámite en el SPEEE.

Pero, debido a la constante variación de las circunstancias y la múltiples situaciones que pueden producirse lo más recomendable es ver y estudiar caso por caso a fin de poder ejercitar las acciones más convenientes para cada supuesto.

En Rodriguez y Macias Abogados tenemos un departamento laboral formado por abogados laboralistas de amplia experiencia que podrán asesorarles en cualquier trámite o procedimiento que quieran iniciar.

El pasado   3 de octubre de 2018 la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ratificó la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaraba exentas las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social.

Basa su argumento el alto tribunal en la interpretación de la exposición de motivos de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social del 2003 de la que, según el Tribunal Supremo, se desprende que la exención que se establece comprende también la prestación por maternidad y no solo por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

Además el Tribunal considera que la incorporación en dicho párrafo de la exposición de motivos de la palabra “también” da a entender que además de las prestaciones que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incluir las de maternidad, también estarían exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las comunidades o entidades locales.

La Sentencia dictada considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social estaría incluida dentro de los supuestos previstos en el apartado h) del artículo 7 de la Ley del IRPF el cual dispone que estarán exentas las  prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple , adopción, hijos a cargo y orfandad.

Lo anterior supone que muchas madres y padres  podrán recuperar aquellas cantidades que les fueron retenidas durante todo el periodo en el que percibieron dicha prestación solicitando ante la Agencia Tributaria su devolución.  Ahora bien, la Sentencia establece un límite temporal de retroactividad de cuatro años por lo que únicamente  podrán reclamar la devolución aquellas personas que hubieran percibido la prestación por maternidad desde el año 2014 hasta ahora.

En Rodriguez y Macias Abogados contamos con profesionales que le ayudaran a tramitar la reclamación ante la Agencia tributaria para la devolución de las cantidades que en su día le fueron retenidas.

No dude en llamarnos y pedir cita gratuita al 91.690.80.54 y 91.690.91.99

Nuestro Tribunal Constitucional  ha dictado una reciente Sentencia por la que ha acordado que cualquier ciudadano o empresa no tendrá que abonar el Impuesto local de “plusvalía municipal” (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos) cuando la venta de un terreno, vivienda u otro inmueble le haya supuesto pérdidas, lo cual habrá tenido lugar por una diferencia negativa entre el valor de compra y el de venta, al determinar que dicho impuesto vulnera el principio constitucional  de capacidad económica ya que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino solo al hecho de ser titular del inmueble/ terreno/vivienda durante un periodo de tiempo.

            Si Ud se encuentra en esa situación y ha abonado en los últimos cuatro años dicho impuesto al Ayuntamiento cuando realmente vendió por menor valor que el que compró, puede iniciar una reclamación ante el Ayuntamiento correspondiente. En nuestro despacho existe un área de derecho contencioso administrativo con alta especialización en estas reclamaciones. Si así lo desea póngase en contacto con nosotros y analizaremos su caso. Teléfonos 91.690.80.54, 91.690.91.99 y 650.98.15.93 – e mail: info@aarmabogados.com

El Tribunal Supremo considera nulas aquellas cláusulas que imponen a los consumidores el pago de ciertos gastos devengados con ocasión de la constitución de hipotecas, tales como los gastos de Notario, Registro de la Propiedad e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por considerar que los mismos han de ser sufragados por el propio banco, lo que está provocando que muchos ciudadanos estén efectuando las pertinentes reclamaciones de lo indebidamente pagado por dichos conceptos a su banco (o Caja) cuando formalizaron su hipoteca.

En Rodríguez y Macías Abogados contamos con especialistas en la materia que estudiaran su documentación gratuitamente y le orientarán sobre las posibles vías jurídicas para efectuar la reclamación.

            Para ello, llámenos y pida consulta gratuita en los teléfonos 91.690.80.54 y 91.690.91.99